Los vicegobernadores del Norte Grande, liderados por el tucumano Miguel Acevedo, endurecieron su postura contra el gobierno de Javier Milei y lo acusaron de incumplir obligaciones básicas con las provincias, aplicar un modelo centralista y desoír los reclamos del NOA en un contexto económico cada vez más crítico.
El planteo se realizó en Tucumán, en el marco del Parlamento del Norte Grande, donde las segundas autoridades de las diez provincias de la región coincidieron en un diagnóstico preocupante: la Nación envía menos recursos mientras las provincias enfrentan cada vez más responsabilidades, especialmente en áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y asistencia social.
El presidente del Parlamento regional, el vicegobernador santiagueño Carlos Silva Neder, fue uno de los más duros. Señaló que el actual esquema de gestión nacional es “centralista como nunca antes” y cuestionó la falta de respuestas concretas a los planteos del interior. “Los oídos están puestos en otras latitudes, no en el norte grande profundo”, expresó, reflejando el malestar que atraviesa a toda la región.
La crítica principal gira en torno a la caída de los fondos coparticipables, un eje central del financiamiento provincial. Según expusieron, esta reducción obliga a las provincias a hacer un esfuerzo mayor para sostener servicios esenciales, pero en un contexto donde la demanda social crece. El resultado es un desbalance cada vez más profundo: menos ingresos y más obligaciones.
A esto se suma, según denunciaron, el incumplimiento de responsabilidades por parte del Estado nacional. Los vicegobernadores sostienen que la Nación se ha “abstraído” de funciones clave, como el financiamiento educativo, el acompañamiento al sistema de salud y el mantenimiento de la infraestructura vial. En este último punto, el reclamo fue particularmente fuerte: advirtieron que numerosas rutas nacionales se encuentran en estado crítico, con tramos prácticamente intransitables, lo que impacta tanto en la seguridad como en la producción.
El deterioro de las rutas no es un dato menor para el norte argentino. Las provincias dependen en gran medida del transporte terrestre para movilizar su producción agrícola e industrial. La falta de mantenimiento encarece costos, ralentiza la logística y afecta directamente la competitividad de la región, profundizando las desigualdades históricas con el centro del país.
Otro punto de conflicto es el manejo de recursos específicos. Los vicegobernadores denunciaron que parte de la recaudación del impuesto a los combustibles, que debería ser distribuida a las provincias, no está siendo girada, lo que agrava la crisis financiera. “La Nación percibe, pero no reenvía”, resumieron, marcando una de las principales fuentes de tensión.
El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, reforzó la idea de que existe una profunda asimetría estructural entre el norte y otras regiones del país. En ese sentido, planteó la necesidad de construir una estrategia común que integre al sector público y privado para defender los intereses del NOA y exigir políticas más equitativas.
En paralelo al encuentro político, también participaron representantes del sector empresarial. Desde la Federación Económica de Tucumán alertaron sobre un escenario complejo: tasas de interés superiores al 100%, caída de la rentabilidad, aumento de costos y un fuerte deterioro del empleo. Según expusieron, estas condiciones hacen inviable el acceso al crédito y frenan la inversión, lo que repercute directamente en la actividad económica regional.
El Parlamento del Norte Grande, que reunió más de 130 dictámenes de sus comisiones, también sirvió como plataforma para consolidar una posición política común. Los vicegobernadores ratificaron la decisión de fortalecer este bloque como herramienta de presión institucional, con el objetivo de reclamar mayor federalismo y revertir lo que consideran un esquema de distribución desigual de recursos.
Además, advirtieron que la situación podría agravarse en los próximos meses si no hay cambios en la relación con la Nación. La combinación de ajuste fiscal, caída de ingresos y aumento de demandas sociales configura un escenario de alta tensión, que podría escalar tanto en el plano político como económico.
En este contexto, el mensaje fue claro: el norte argentino busca hacerse escuchar frente a un Gobierno nacional al que acusan de priorizar otras regiones y de no atender las urgencias del interior. El reclamo no solo apunta a recursos, sino a un cambio en la lógica de gestión, con mayor presencia del Estado nacional en las provincias y una distribución más equitativa.
