Una experiencia inédita lleva adelante el Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUA) del Poder Judicial provincial, conjuntamente con el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mediante la que se procura brindar al proceso de adopción la accesibilidad necesaria en materia de discapacidad.
Los equipos técnicos de ambas instituciones están trabajando mancomunadamente en pos de acompañar a una pretensa adoptante, con un tipo de diversidad funcional, en su objetivo de conseguir una guarda con fines de adopción. Por ese motivo, es que pusieron en marcha una serie de ajustes de procedimiento para que los y las aspirantes accedan a la información en igualdad de condiciones con los demás.
Desde hace una década, ADAJUS trabaja con esta misión institucional, tal como lo explicó Mabel Remón, coordinadora del Programa Nacional, al Área de Prensa del Poder Judicial santiagueño. Al respecto, manifestó que “si las personas aspirantes tienen discapacidad auditiva o intelectual, el equipo técnico de ADAJUS asiste en las entrevistas que se realizan desde el RUA, donde participan un intérprete en Lengua de Señas o en Comunicación No Verbal, entre otros profesionales, para adaptar el contenido del mensaje y propiciar la comprensión”.
Es necesario que la persona sepa los tiempos del proceso, cómo se desarrolla y cuáles son los pasos a seguir. “En el caso de las discapacidades motrices, visuales o psicosociales, es importante que la mirada esté puesta en la capacidad de maternar y paternar que tienen las y los aspirantes a la adopción, lo cual en algunos casos puede requerir de apoyos y que no haya discriminación por motivos de discapacidad”, agregó la profesional. La adaptación comunicativa conlleva una gran responsabilidad, ya que el mensaje debe transmitirse con claridad y empleando el tiempo suficiente para que la persona con discapacidad pueda preguntar sus inquietudes, sentirse acompañada y retirarse de la entrevista con información precisa.
En relación a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que fueron adoptados, es propicio realizar un seguimiento interdisciplinario para conocer el desarrollo de cada caso, estar en contacto con los profesionales de la educación que acompañan a ese menor de edad en el ámbito escolar, conocer si realizan tratamientos o requieren de apoyos específicos.
Por su parte, la coordinadora del RUA, Dra. Carolina Agüero, expuso que “la discapacidad, en el instituto de la adopción, se presenta en múltiples dimensiones: en relación a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que esperan una familia y cuya declaración de adoptabilidad fuera discernida; en relación a los postulantes o posteriores guardadores. También en relación a los postulantes con discapacidad que se inscriben en los Registros de Adopción y en relación a los organismos involucrados integrantes del sistema de protección integral y en relación a la sociedad en general”.
A continuación, manifestó: “Hoy transitamos hacia el modelo social, aunque formalmente esté vigente, por cuanto el modelo de prescindencia y el modelo médico rehabilitador aún se hacen presenten en determinadas prácticas sociales e institucionales. De este modo, dejar atrás un paradigma anterior no requiere sólo de reformas legislativas: es necesario el cambio cultural, que impactará necesariamente en las instituciones”.
Además, se explayó al decir que “el paradigma social considera que la discapacidad no está en la persona y sus características, sino que es el resultado del encuentro entre esas características y la forma en que fue diseñada la sociedad. La sociedad fue pensada por y para personas con determinadas características y todas aquellas que no responden a ese patrón, quedan afuera”.
Finalmente, la funcionaria local aseveró: “Para remover esas barreras y lograr la plena inclusión y participación de todos en todos los ámbitos de la vida, que es lo que nos propusimos con ADAJUS, a fin de que las personas puedan acceder al proceso de inscripción y evaluación en igualdad de condiciones; proporcionándoles los ajustes razonables necesarios”.
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