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Interior


Los Juríes: una auditoría municipal detectó un faltante millonario y detuvieron a funcionaria

El intendente de Los Juríes se constituyó como querellante en la causa y promovió una auditoría interna que permitió detectar el faltante. La funcionaria denunciada fue suspendida y la comuna solicitó embargos preventivos para resguardar el patrimonio municipal.

La administración municipal de Los Juríes atraviesa uno de los procesos institucionales más importantes de los últimos años luego de que una auditoría interna impulsada por el intendente Javier Carbajal detectara un presunto desfalco de $18.499.861 en fondos correspondientes al cobro de tasas municipales.

Lejos de intentar minimizar la situación, el jefe comunal decidió actuar de manera inmediata, ordenando una revisión exhaustiva de las cuentas y presentando una denuncia penal ante la Justicia para esclarecer los hechos y proteger los recursos que pertenecen a toda la comunidad.

La acusación recae sobre Yanina Valeria Nieto, quien se desempeñaba como directora de Bromatología, Seguridad e Higiene y tenía a su cargo la recaudación de diversos conceptos municipales, entre ellos tasas de habilitación de comercios e industrias, servicios especiales y controles bromatológicos.

Según trascendió, al detectarse irregularidades en las rendiciones de fondos, la Municipalidad inició una auditoría que permitió determinar un faltante millonario. A partir de ese momento, Carbajal instruyó a los asesores legales del municipio para avanzar con la denuncia y colaborar activamente con la investigación judicial.

"Urgente hicimos una auditoría interna sobre las tasas y arrojó el faltante de $18.499.861", explicó el intendente, quien además confirmó que la funcionaria fue suspendida de sus funciones y se inició el correspondiente sumario administrativo.

Uno de los aspectos más destacados del accionar municipal fue la decisión de constituirse como querellante particular en la causa, una medida que permite al municipio participar activamente del proceso judicial y exigir el esclarecimiento total de los hechos.

Los abogados Sandra Allalla y Alberto Díaz, representantes de la comuna, solicitaron además que la investigación avance bajo la figura de peculado, un delito que contempla la apropiación indebida de fondos públicos por parte de funcionarios.

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